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La llegada de la revolución
industrial trajo, indudablemente, un gran progreso y muchos beneficios a
la humanidad. Pero ésta, en forma paralela, comenzó en poco tiempo a
padecer los
sistemas implementados por la industria para lograr esos progresos, que de
estar inicialmente pensados para el hombre han llegado a transformarse en
su destrucción. De hecho, a
constituirse en beneficios únicamente para las multinacionales, que en
realidad desprecian a la humanidad y sólo contemplan su progreso propio,
creando continuamente nuevas formas
de destrucción, mientras ocultan datos, mienten, sobornan y atacan a
quienes pretendan denunciarlas. Intentaremos reflejar de qué manera han
acumulado desastres y daños en el
planeta esas multinacionales del terror, y además de quiénes se trata.
Comenzaremos por recordar que hace poco se cumplieron 22 años de que
ocurriera uno de los mayores de esos desastres. En la noche del 2 al 3 de
diciembre de 1984 se produjo la fuga
de 30 a 40 toneladas de gases letales en la fábrica de pesticidas de la
Union Carbide Corporation en la ciudad de Bhopal, en la India. Esos gases,
que se escaparon de algunos de los
tanques durante una rutinaria operación de mantenimiento, contenían
isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno, entre otras sustancias
altamente tóxicas. Esa noche, seis de las
medidas dispuestas para prevenir una fuga de gases no funcionaron, fueron
desconectadas o resultaron inadecuadas, además de no funcionar tampoco la
sirena de alarma. Los gases,
que rápidamente se expandieron por la ciudad, quemaron los ojos y las vías
respiratorias de la gente, se introdujeron en su corriente sanguínea y
dañaron todos sus sistemas
corporales. Muchos murieron en sus camas, otros salieron de sus casas a
tropezones, ciegos y ahogándose, para morir en la calle, y otros murieron
al llegar a un hospital. Esos gases
mataron de inmediato a 8.000 personas y envenenaron a otras 20.000,
comenzando una tragedia que aún no ha llegado a su fin. Desde entonces, y
de acuerdo a cálculos de
organizaciones de sobrevivientes, continúan muriendo de diez a quince
personas por mes a consecuencia de enfermedades relacionadas con la
exposición a aquellos gases tóxicos.
Actualmente, los más de 150.000 sobrevivientes de la catástrofe son
enfermos crónicos que deben seguir recibiendo tratamiento médico, y
aproximadamente 500.000 de los que
estuvieron expuestos de otras formas a los gases tienen sustancias tóxicas
en su flujo sanguíneo, mientras todos ellos más los hijos de los afectados
viven enfrentados a las secuelas
de ese legado, entre ellas cáncer, problemas neurológicos, ciclos
menstruales caóticos, enfermedades mentales y daños en los sistemas
musculoesquelético, reproductivo e
inmunológico. A 22 años de ese desastre, la empresa responsable del mismo
y sus antiguos ejecutivos, que huyeron de la India dejando abandonada la
fábrica, siguen eludiendo a la
justicia.
En 1999, Union Carbide se fusionó con la multinacional Dow Chemical, al
comprar ésta a aquella por unos 9.500 millones de dólares, pasando así a
convertirse en la compañía química
más grande del mundo. Pero Dow Chemical no sólo había comprado los activos
de Union Carbide, sino también sus obligaciones. Sin embargo, se negó a
aceptar las responsabilidades
morales por las operaciones de Union Carbide en Bhopal. Mientras sigue la
batalla legal intentándose probar esa responsabilidad en los tribunales
estadounidenses, el pueblo de
Bhopal sigue sufriendo, como se dijo, las consecuencias y secuelas de esa
catástrofe y, todavía, la exposición a sustancias tóxicas en las
instalaciones industriales abandonadas.
Se había pedido a Union Carbide que indemnizara a los afectados de Bhopal,
pero después de cinco años de luchar en los tribunales, el gobierno indio,
por debilidad o por corruptela,
aceptó un acuerdo extrajudicial por sólo 470 millones de dólares, que se
firmó en febrero de 1989. Eso fue todo. Según la propia Dow Chemical,
ambas empresas suman ingresos anuales
por más de 25.000 millones de dólares. La indemnización media por daños
personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona, apenas el dinero
necesario para cubrir gastos médicos
por cinco años, pese a que miles de los afectados y sus hijos permanecerán
enfermos y no podrán trabajar durante todo lo que les reste de vida. Desde
esa catástrofe se han iniciado
más de 140 causas civiles en los tribunales federales de Estados Unidos a
favor de las víctimas y los sobrevivientes, en un intento por obtener una
indemnización apropiada para ellos.
Todos esos casos aún siguen pendientes.
Dow Chemical y el Agente Naranja
El curriculum de la Dow Chemical abunda en muchas otras iniquidades además
de la de Bhopal, pero nos remitiremos a las más destacadas y las que mejor
reflejan su “espíritu de
progreso”.
En 1964, y anticipándose a los encargos que poco después le haría el
gobierno norteamericano, Dow Chemical contrató a un dermatólogo de la
Universidad de Pensilvania para que
hiciera algo que no tuviera nada que envidiarle a uno de los preferidos de
Adolf Hitler, el doctor Josef Mengele, y se le pusiera a la par. El
dermatólogo realizó ensayos con dioxinas
utilizando a setenta reclusos de la prisión de Holmesburg, en Filadelfia,
cuyos resultados serían usados al poco tiempo y en gran escala contra la
población civil vietnamita. Las dioxinas
son las sustancias más dañinas que se conocen. Además de cancerígenas, son
cinco millones de veces más tóxicas que el cianuro. En 1971, la compañía
química volvió a los ensayos
con presidiarios para probar un pesticida tóxico en el organismo humano.
El resultado, considerado “satisfactorio”, le sirvió para lograr un nuevo
agente nervioso, el Chlorpyrifos,
producto que sustituyó al DDT cuando éste fue prohibido en 1972, pero
tanto o más dañino. Obviamente, nunca llegó a saberse qué fue de todos los
reclusos utilizados para los
experimentos.
Entre 1970 y 1971, la planta de la Dow Chemical en Midland, Michigan,
arrojó más de 17.000 millones de litros de aguas residuales al río Brazos
y al Golfo de México. En 1980, un grupo
de investigadores descubrió que 25 trabajadores de la factoría de la
empresa en Freeport, Texas, tenían tumores cerebrales, 24 de los cuales
resultaron mortales. Sin embargo, la
fabricación y manipulación de productos de alta peligrosidad por parte de
los trabajadores nunca se detuvo.
La última hazaña es tema hace un tiempo de los diarios de Nicaragua, ya
que miles de agricultores allí están contaminados por el pesticida Nemagón,
un producto que elimina las plagas
pero también a los seres humanos. Solamente entre los trabajadores
bananeros, el pesticida acabó con la vida de 849 de ellos en los últimos
años, y la Dow Chemical, uno de los
baluartes en la fabricación de pesticidas y sustancias letales, figura
entre las compañías demandadas por los agricultores nicaragüenses.
Pero quizás la esmeralda que resalta en la corona de Dow Chemical ha sido
hasta ahora, al menos hasta que no invente algo peor, el Agente Naranja.
Esta otra creación de la compañía química es una mezcla de dos herbicidas:
el 2,4-D y el 2,4,5-T, y fue utilizado como desfoliante en los bosques y
los arrozales por el ejército
norteamericano en la guerra de Vietnam. Por cuestiones propias del apuro
militar para ponerlo en práctica en esa guerra fue producido con una
deficiente purificación, presentando
contenidos elevados de una dioxina cancerígena: la
tetraclorodibenzodioxina, tóxico cuyo uso afectó a más de tres millones de
vietnamitas e incluso a muchos soldados
estadounidenses a quienes, por supuesto, no se les informó debidamente
sobre lo que arrojaban desde los aviones y sobre lo que recibían los que
estaban abajo. Algo habitual en los
emperadores del Norte, si recordamos que ni siquiera la tripulación del
“Enola Gay”, el avión que arrojó la primera bomba atómica sobre población
civil en Hiroshima -con las
consecuencias que aún hoy sufren los sobrevivientes y su progenie-,
conocía el poder de lo que transportaban. Un producto, esta letal dioxina,
que además dejó secuelas en los
afectados de ambos bandos en Vietnam, ya que ellos y sus descendientes
siguen padeciendo graves problemas de salud, entre ellos malformaciones
genéticas.
Un grupo de vietnamitas inició un juicio en Estados Unidos contra las
grandes compañías fabricantes del Agente Naranja. Mientras ellos aún
aguardan el resultado de sus demandas, al
menos un grupo de más de noventa veteranos de guerra de Estados Unidos
tuvieron algo de suerte dentro de sus padecimientos: en 1984 obtuvieron la
suma de 180 millones de dólares
en concepto de daños a la salud por los efectos adversos de la exposición
a ese herbicida. Por su parte, los representantes de las compañías
depredadoras esgrimen en su descargo dos
palabras casualmente bien conocidas en la Argentina, sobre todo en los
últimos años de su historia reciente: “obediencia debida”. Para ellos,
simplemente “se siguieron órdenes del
gobierno”.
Como la Dow Chemical, también la empresa Monsanto suministró al ejército
estadounidense su propia versión del Agente Naranja, pero esta versión
contenía concentraciones de
dioxina mucho más altas que la de su competidora en el negocio
cívico-militar que representaba entonces la guerra de Vietnam. De todas
maneras, ambas compañías y otras menores
pero no menos peligrosas siempre han convivido perfectamente en este circo
de horrores conformado por el complejo militar-industrial norteamericano.
Monsanto: de la sacarina a Vietnam
La compañía química Monsanto fue fundada en 1901 en la ciudad
estadounidense de Saint Louis, Missouri, por John Francis Queeny, un
veterano de la industria farmacéutica que
invirtió capital propio y dio a la nueva empresa el nombre de soltera de
su esposa, la española Olga Monsanto. A poco de entrar en escena, Monsanto
lanzó el edulcorante artificial
“Sacarina”, si bien en realidad su fundador había traído algunos
antecedentes de ese producto desde Alemania, ya que había trabajado para
la firma Merck. También se constituyó en
uno de los principales proveedores de cafeína para la Coca-Cola. En la
década de 1920 expandió sus negocios hacia la química industrial, por
ejemplo produciendo ácido sulfúrico, y en
la de 1940 ya era líder en la fabricación de plásticos, entre ellos
poliestireno y fibras sintéticas. Desde entonces, Monsanto se consolidó
como una de las diez mayores compañías
químicas americanas.
A poco andar y al igual que sus competidoras multinacionales –la Dow
Chemical es un claro ejemplo de ello- Monsanto no escapó a la saga de
desastres que las caracterizan. En 1947
un carguero francés que transportaba fertilizantes de nitrato de amonio
explotó en un muelle, a sólo 80 metros de la fábrica de plásticos de la
empresa en Galveston, Texas, donde
murieron más de 500 personas. Esa fábrica producía plásticos de estireno y
poliestireno, hoy importantes componentes de envases alimenticios,
botellas de aguas mineralizadas y
gaseosas y muchos otros productos de consumo, además de encontrarse en
ventanas de edificios, papeles pintados, tuberías, cables, tarjetas de
crédito y hasta en algunos
instrumentos médicos. En la década de 1980 la EPA –siglas en inglés de la
Agencia de Protección al Medioambiente, organismo del gobierno
norteamericano- clasificó al poliestireno
como el quinto producto químico cuya producción genera más desechos
peligrosos. Su elaboración disemina dioxinas por el aire, y su
incineración contamina por otras vías. Pero
Monsanto también comenzó a diseminar por el mundo otro engendro letal: el
PCB.
En 1929 Monsanto compró la compañía química Swann, que había comenzado a
desarrollar el bifenil policlorado llamado comúnmente PCB (por
Polychlorinated Biphenyl, su
denominación en inglés). El producto fue ampliamente elogiado por ser no
inflamable y de alta estabilidad química, y de inmediato se lo utilizó en
la industria de los equipamientos
eléctricos, que lo adoptó como refrigerante para su nueva generación de
transformadores. Para la década de 1960, los PCB de Monsanto ya eran
utilizados como lubricantes, fluidos
hidráulicos, selladores líquidos y protecciones a prueba de agua, entre
otras aplicaciones. Pero investigaciones a partir de esos años comenzaron
a demostrar la alta toxicidad del
producto: científicos suecos que habían estudiado los efectos biológicos
del DDT habían encontrado concentraciones significativas de PCB en la
sangre, pelo y tejido graso de
animales salvajes, e investigaciones durante los años ‘60 y ‘70 revelaron
que los PCB y otros cloruros orgánicos eran potentes agentes cancerígenos,
y también los relacionaron con un
amplio abanico de desórdenes inmunológicos, reproductivos y de
crecimiento. El PCB puede ingresar al cuerpo humano a través del contacto
por la piel, por la inhalación de vapores o
por la ingestión de alimentos que contengan residuos del compuesto. Este
tóxico fue prohibido en Estados Unidos y Europa a partir de 1976, luego de
que se sucedieran algunos
accidentes, siendo reemplazado por productos alternativos más seguros como
los aceites de silicón o ciertos tipos de aceite mineral, o bien pasaron a
utilizarse transformadores “secos”
o refrigerados por aire. De todas maneras, los efectos destructores y
tóxicos del PCB persisten en el mundo entero.
En uno de tantos “países basurero” como la Argentina -pese a que las
compañías de electricidad se comprometieron a reemplazar los
transformadores con PCB luego de haberse puesto
en evidencia que la muerte de varias personas con diversos tipos de cáncer
se produjo por residir en proximidades de los mismos- aún existen muchos
transformadores de media y baja
tensión conteniendo aceite refrigerante de PCB. En varios casos se
descubrió que ese lubricante chorrea por falta de mantenimiento –más la
habitual abundancia de desidia de los
gobiernos municipales de turno-, y la liberación de ese aditivo contamina
el suelo, las napas y el agua. Ello ocurre no sólo en un barrio sino en
una amplia zona, ya que una de las
características del PCB, además de su resistencia a la ruptura o
degradación química y biológica a través de procesos naturales más su
tendencia a acumularse y permanecer en
organismos vivos, es que se disemina con suma facilidad. Se estima que un
transformador con buen mantenimiento y trabajando sin exceso de carga
puede tener una vida útil de
cuarenta a sesenta años. Posteriormente esos artefactos son considerados
residuos peligrosos. El principal riesgo sucede si los transformadores
explotan o se incendian. En tal caso, el
PCB se transforma en una dioxina, y ya hemos visto las consecuencias que
éstas acarrean, por si fueran pocas las que genera el PCB.
La facilidad del PCB para diseminarse rápidamente por tierra, agua y aire
ha hecho que se detectaran altas concentraciones del tóxico en el Artico,
y por extensión en la cadena
alimenticia acuática: la merluza ártica, por ejemplo, contiene
concentraciones de PCB 48 millones de veces superiores a las de las aguas
en que se encuentra, y los mamíferos
depredadores, como los osos polares, pueden tener en sus tejidos
concentraciones de PCB cincuenta veces más grandes. Por consecuencia, los
habitantes esquimales del Artico, los
indígenas “inuit”, no están para nada exentos de la acción de este veneno.
Hoy este producto está incluido en la llamada “docena sucia”, un listado
de los doce contaminantes más
peligrosos del planeta. Además es considerado un “contaminante orgánico
persistente”, lo que equivale a decir que permanece en el medio ambiente
por largos períodos. Se estima que
los efectos del PCB se extenderán hasta después del año 2025. En tanto, el
entusiasmo de Monsanto por la creación de nuevos flagelos para la
humanidad no se detenía allí.
La relación de Monsanto con las dioxinas arranca con la fabricación del
herbicida 2,4,5-T, comenzada a fines de la década de 1940. Sobre ésto
Peter Sills, autor de un libro sobre dioxinas,
explica: “Casi inmediatamente, los trabajadores de la fábrica empezaron a
enfermarse, con eczemas en la piel, inexplicables dolores en piernas,
articulaciones y otras partes del cuerpo,
debilidad, irritabilidad, nerviosismo y pérdida de la libido. Los
memorándums internos muestran que la compañía sabía que estos hombres
estaban tan enfermos como afirmaban, pero
mantuvieron las pruebas bien escondidas”. Una explosión en la fábrica de
herbicidas de Monsanto en West Virginia, en 1949, atrajo una mayor
atención hacia esas quejas. El agente
contaminante que generó esas condiciones no fue identificado como dioxina
hasta 1957, pero el Cuerpo Químico del ejército de Estados Unidos –cuándo
no- se interesó enseguida por
esta sustancia, pensando en un posible agente para guerra química. Incluso
se reveló, gracias a la Ley de Libertad de Información, que ya desde 1952
había unas 600 páginas de
intercambio de informes y correspondencia entre Monsanto y esa dependencia
del ejército sobre el tema de este subproducto de los herbicidas. Estaba
cercana la puesta en marcha del
Agente Naranja, para que las fuerzas norteamericanas en Vietnam se
divirtieran arrojando este veneno transformando en páramos bosques y
arrozales, y arruinando por extensión las
demás vidas orgánicas, incluso la del hombre.
Bienvenida, biotecnología
A punto de iniciarse la década de 1990, Monsanto era una de cuatro
compañías químicas que estaban por sacar al mercado una hormona de
crecimiento bovino sintética, producida en
bacterias modificadas genéticamente para producir proteínas bovinas. Otra
de las empresas era American Cyanamid, luego propiedad de American Home
Products, ésta a su vez
posteriormente fusionada con Monsanto. Asimismo, comenzaba una agresiva
promoción de Monsanto para imponer sus productos de biotecnología, como
por ejemplo, además de la
hormona bovina, las semillas de soja y maíz transgénico y sus variedades
de algodón resistentes a los insectos. En los hechos una paradoja ya que,
mientras son efectivamente
resistentes a alguna variedad de insectos, no lo son para otras, por lo
que deben seguir utilizándose plaguicidas, obviamente fabricados por
Monsanto, cuyas consecuencias para la
vida humana ya conocemos. Muchos observadores ven este accionar como la
continuación de muchas décadas de prácticas éticamente cuestionables, y
como dice el ya citado Peter
Sills: “Las corporaciones tienen personalidades, y Monsanto es una de las
más malignas. Desde sus herbicidas al desinfectante Santophen y a la
hormona de crecimiento bovino,
parece que hace todo lo posible para hacer daño, a sus propios
trabajadores y a los niños”.
Monsanto venía intentando, desde 14 años antes de lanzar su hormona, la
aprobación para ello de la Agencia para las Drogas y la Alimentación (FDA-Food
and Drugs Agency),
organismo del gobierno de Estados Unidos, intento que estuvo marcado por
varias controversias, incluyendo versiones sobre un supuesto esfuerzo
concertado para suprimir
información sobre los efectos negativos de la hormona. Incluso un
veterinario de la FDA, Richard Burroughs, fue despedido después de acusar
tanto a Monsanto como a la agencia
gubernamental de suprimir y manipular datos para esconder los efectos de
las inyecciones de la hormona en la salud de las vacas lecheras. En 1990,
cuando la aprobación de la FDA
parecía inminente, un patólogo veterinario de la Universidad de Vermont
mostró, a dos legisladores del estado, datos que habían sido previamente
suprimidos que documentaban
importantes incrementos en las tasas de infección en las vacas que habían
sido inyectadas con la entonces experimental hormona de Monsanto, además
de una inusual cantidad de
graves defectos de nacimiento en las crías de vacas tratadas con ese
producto. Por otra parte, una revisión independiente de esos datos hecha
por un grupo representante de las
granjas regionales documentó problemas de salud adicionales en las vacas
asociados con la hormona, entre ellos altas tasas de lesiones en cascos y
patas, dificultades metabólicas y
reproductoras e infecciones uterinas. A su vez, la Oficina Presupuestaria
del Congreso (GAO-General Accounting Office) intentó una investigación
sobre el caso pero no pudo obtener
los archivos necesarios de Monsanto para continuarla, particularmente
respecto de las sospechas de efectos teratogénicos y embriotóxicos. Los
auditores de la GAO llegaron a la
conclusión de que las vacas inyectadas con Posilac –nombre comercial de la
hormona- tenían una tasa de mastitis (infección de las ubres) un tercio
mayor que las no tratadas, y
recomendaron mayores investigaciones sobre niveles más altos de riesgo en
la leche producida utilizando la hormona. Investigaciones que por supuesto
nunca más se concretaron.
Finalmente, la hormona de Monsanto fue aprobada por la FDA para su venta
comercial en 1994. Al año siguiente la Unión de Granjeros de Wisconsin
publicó un estudio con sus
experiencias con la hormona, cuyos resultados excedían los problemas de
salud antes detectados. Hubo informes sobre muertes espontáneas de vacas
tratadas con la hormona, alta
incidencia de infecciones en las ubres, graves dificultades metabólicas y
problemas de reproducción. Muchos granjeros experimentados que habían
probado el uso del Posilac de
pronto tuvieron que reemplazar a gran parte de sus rebaños, pero en lugar
de examinar las causas de las quejas de los granjeros sobre la hormona,
Monsanto pasó a la ofensiva,
amenazando con litigar contra las pequeñas empresas lecheras que
anunciaran sus productos como “libres de la hormona”. El caso es que las
pruebas de los efectos dañinos de este
producto en la salud, tanto de las vacas como de las personas, continuaron
acumulándose. Al mismo tiempo, afloraba también la canallesca relación de
Monsanto -siempre obviamente
tras el logro de su beneficio- con determinados funcionarios de diversos
niveles gubernamentales.
La verdad incómoda
Hace un tiempo atrás, el diario británico “The Independent” informó sobre
un estudio que Monsanto había mantenido en secreto, que mostraba que un
grupo de ratas alimentadas con
maíz transgénico de esa multinacional había sufrido cambios en órganos
internos y en la sangre. La información tuvo amplia repercusión en los
principales medios de prensa de Europa
y muchos del resto del mundo. En México, sin embargo, la noticia fue
ignorada por las autoridades y escasamente difundida por los medios.
Claro, la Secretaría de Salud mexicana
aprobó para consumo humano, a partir del 2003, ese maíz transgénico –al
que Monsanto se encargó diligentemente de distribuir por todo el país,
ejerciendo de paso la autoridad que le
da la propiedad de su patente para recaudar las onerosas regalías que
deben abonar los campesinos por la semilla- y entonces, en un país que es
el centro de origen del maíz y su
población lo consume en forma masiva, este tema no ha resultado relevante.
Quizás porque allí hay demasiadas ratas o demasiados amigos de Monsanto. O
lo que es lo mismo, una
mezcla de ambas cosas a la vez. De hecho, según afirman muchos, el ex
presidente Vicente Fox, antes de llegar a asumir altos cargos públicos, se
había desempeñado como ejecutivo de
una subsidiaria de Monsanto.
Y debemos volver a un lugar del mundo citado al comienzo de la nota, la
India, con otro aspecto trágico. De acuerdo a datos reconocidos por el
propio Ministerio de Agricultura indio,
entre 1993 y 2003 hubo 100.000 suicidios de campesinos, y entre 2003 y
octubre de 2006 ocurrieron 16.000 suicidios de campesinos cada año. En
total, entre 1993 y 2006 hubo alrededor
de 150.000 suicidios de campesinos, un promedio de treinta diarios durante
13 años. ¿Y bajo qué condiciones puede darse semejante tasa de suicidios
entre productores rurales?. Para
algunos obedece simplemente a cuestiones de endeudamiento, pero a los ojos
de observadores imparciales, la verdadera razón radica en la imposición de
una tecnología agrícola
totalmente inadecuada, tanto desde el punto de vista económico como del
ambiental. Un ejemplo que grafica bien esta cuestión es el de Anil Khondwa
Shinde, un pequeño agricultor
del distrito de Vidarba, estado de Maharashtra, en el sector
centro-occidental de la India, quien hace poco se suicidió –las
casualidades a veces no existen- ingiriendo un potente
plaguicida, muriendo en pocos minutos a sus 31 años de edad. La
desproporción entre costos de producción y precio de venta no le
permitieron pagar el crédito extendido por los
proveedores de insumos. Shinde había decidido sembrar algodón “Bt”,
transgénico producido por Monsanto que supuestamente reduce la necesidad
de plaguicidas y aumenta la
rentabilidad del productor. La realidad de esta historia es que el algodón
de Monsanto ofrece algo de protección frente al llamado “gusano del fruto”
pero no frente a otras plagas que
afectan este cultivo. Es así que los agricultores como Shinde recurrieron
a este algodón de Monsanto buscando reducir el costo en plaguicidas pero
se llevaron una ingrata sorpresa, ya
que se vieron obligados a seguir aplicando estos insumos, y peor aún, la
trampa del endeudamiento se les vino encima mucho más rápido dado que las
semillas del algodón de
Monsanto son mucho más caras. Es así como centenares de campesinos indios
que sembraron algodón transgénico decidieron buscar la salida del suicidio
frente a una situación
económica desesperada que empeora año tras año.
También en la India –que para las transnacionales del terror parece un
ideal depósito de venenos y basuras varias, al igual que los países
latinoamericanos y africanos- se descubrió
hace algunos meses la presencia de una serie de pesticidas en las bebidas
gaseosas comercializadas por Coca-Cola y Pepsico. Un comité del Parlamento
indio confirmó que ambas
compañías vendieron bebidas contaminadas, entre ellas las conocidas
Coca-Cola, Coca Diet, Fanta, Sprite, Pepsi, Pepsi Light y Mirinda de
naranja y limón, poniendo en peligro la salud
de los consumidores. Según el diario británico “The Guardian”, las bebidas
alcanzaron a contener una cantidad de pesticidas más de treinta veces
superior a lo establecido por las
regulaciones europeas en la materia. Todas las bebidas contaban, entre
otros pesticidas, con la presencia de DDT, cuya función es acabar con las
plagas de mosquitos pero que ha sido
prohibido hace bastante tiempo en Estados Unidos y Europa, y que puede
generar desde cáncer a importantes daños en el sistema inmunológico de los
seres humanos. De hecho, en la
India –a cuyo débil y corrupto gobierno no parecen hacerle mella tragedias
como la de Bhopal- continúan utilizándose varios plaguicidas que ya han
sido prohibidos, como se dijo, en
varios otros países. De todas maneras fue el pueblo indio, mediante
fuertes campañas desarrolladas contra las citadas empresas de bebidas
gaseosas, el que logró que al menos en
varios estados del país se dejara de consumir y comercializar esos
refrescos, igual que en escuelas y en las cafeterías de edificios
públicos. Sanjay Nuripam, miembro de una de las
organizaciones que integraron el comité conjunto parlamentario, en
declaraciones a “The Guardian” se planteó: “Tú no encuentras refrescos de
cola con pesticidas en Estados Unidos.
¿Por qué nos fuerzan a que nos los bebamos nosotros?”. Para más claro,
echarle agua. Pero claro, sin pesticidas.
Si algo caracteriza a Monsanto, como a otras multinacionales que hacen su
negocio a expensas de vidas humanas, es su capacidad para tratar de
minimizar sus acciones a través de
campañas publicitarias que laven su imagen, incluyendo el pago a diversos
patanes que mediante mensajes a través de Internet o en sus propios blogs
descalifican toda crítica o
informe negativo hacia la multinacional, ensalzando a la vez las
“bondades” de sus productos. En Gran Bretaña, por ejemplo, invirtió un
millón de libras esterlinas en una campaña de
márketing patrocinando una exposición sobre biodiversidad con la más
avanzada tecnología, y en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva
York, además de muchos otros
espacios similares, está intentando aparecer como una empresa
concientizada y progresista. Otra medida que adopta es la de captar a
políticos de nivel que colaboren con su gestión
empresarial. ¿Ejemplos?. En mayo de 1997 Mickey Cantor, asesor de la
campaña electoral de Bill Clinton en 1992 y Representante Comercial de
Estados Unidos durante su primer
mandato, fue designado miembro del Consejo de Dirección de Monsanto. Por
su parte Marcia Hale, antes asistente personal del mismo presidente,
trabajó luego como Relaciones
Públicas de Monsanto en Gran Bretaña. Además, directamente ha sobornado y
comprado a varios funcionarios de la gubernamental FDA, la Agencia para
las Drogas y la Alimentación,
y colocado a elementos propios en cargos de esa agencia, aparte de haber
logrado en su momento la protección de la administración Reagan para
eludir situaciones que la
comprometían. Con lo cual se ha demostrado que la FDA, que supuestamente
debería velar por la salud de sus ciudadanos, en los hechos es un
organismo que brinda su coraza en
defensa de los intereses de las multinacionales. Y por si ésto fuera poco,
la compañía intenta todo para intimidar a los críticos que la denuncian y
a suprimir los juicios negativos en los
medios. Monsanto cuenta, en tal sentido, con más de ochenta empleados y un
presupuesto anual de unos diez millones de dólares con la exclusiva tarea
de investigar y perseguir tanto
a agricultores díscolos como a periodistas nada complacientes.
Conclusión (por ahora)
Cuando se habla de la administración Bush como representante del complejo
militar-industrial norteamericano se tiende a pensar, exclusivamente, en
los altos mandos del Pentágono, el
ministerio de Defensa y los altos círculos financieros de Wall Street,
vinculados mediante múltiples lazos con los grandes monopolios de la
fabricación de armamentos: Boeing,
Northrop Grumman, Lockheed, General Dynamics, MacDonnell, etc. Sin embargo
existe otro sector de la producción, la industria química, farmacéutica y
biotecnológica que, si bien
menos visible, también ocupa una posición central en el amplio entramado
de intereses políticos, económicos y militares de ese llamado complejo
militar-industrial. No sólo una parte
considerable de sus investigaciones y su producción está destinada a
satisfacer las letales demandas del Pentágono en cuanto a la fabricación y
almacenamiento de armas biológicas o
químicas, sino que en gran medida sus beneficios dependen directamente de
una contraprestación: la capacidad del poder militar estadounidense para
imponer los intereses políticos y
económicos del país, y por lógica consecuencia los suyos, en todo el
mundo.
Aunque operando casi siempre en un segundo plano, las grandes
multinacionales de la industria química y farmacéutica norteamericana son
los otros “señores de la guerra”. Una
guerra que, de no despertarse las conciencias en los gobiernos de los
países que son utilizados como cobayos y vaciaderos de desperdicios
mortales para adoptar de una vez
decisiones políticas que se correspondan únicamente con los intereses de
sus poblaciones, estará perdida para siempre.
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