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El Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia –que hace poco había exigido la
dimisión de la Ministra de Asuntos Exteriores, Consuelo Araujo- estará
presente mañana en la concentración contra la impunidad y el
paramilitarismo ante la Embajada colombiana de Madrid. También está
previsto una reunión en el Congreso de los
Diputados.
ONGs y grupos de solidaridad conmemoran con una gira por Europa y unas
marchas en el norte de Colombia los 10 años del mayor desplazamiento en la
historia reciente de Colombia, la
llamada “Operación Génesis”.
Mañana, 21 de febrero, se convoca una concentración en frente de la
Embajada colombiana en Madrid. La protesta se dirige contra la impunidad
reinante en Colombia, la
responsabilidad del Gobierno de Álvaro Uribe Velez por el paramilitarismo
y en solidaridad con las víctimas del Terrorismo de Estado y de las
sistemáticas violaciones de los derechos
humanos en este país andino. El acto está convocado por una treintena de
organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Acompaz, Mujeres por
la Paz y la Red Capicua que
acompaña solidariamente a comunidades desplazadas y al Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado.[1] Además habrá protestas en otras 20
ciudades del mundo.
El escándalo de la llamada “parapolítica” da cuenta de los vínculos de
congresistas, funcionarios de la Administración Pública y de la Justicia,
gobiernos regionales y municipales, e
incluso de rectores de universidades con los grupos paramilitares. Ello
pone al descubierto que más allá de una estructura armada, los
paramilitares se han transformado en una
estrategia dirigida a acumular poder político y económico que hoy ejercen
con dominio en múltiples planos de la vida social, lo que devela la farsa
del llamado proceso de “negociación
y desmovilización” con estos grupos de extrema derecha. Asimismo la
Comisión Colombiana de Juristas en su reciente informe de la primera
legislatura de Uribe, indica que 11.300
personas fueron asesinadas o desaparecidas fuera de combate y se comprueba
el aumento de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas
Militares [2]
Las ordenes de captura dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra
parlamentarios y senadores uribistas así como la solicitud a la Fiscalía
General de que se investigue al padre de
la recién dimitida canciller Consuelo Araujo, hermana de Álvaro Araujo,
uno de los parlamentarios detenidos y sobre quien pesa medida de
aseguramiento, exige que el Gobierno de
Uribe asuma la responsabilidad política. Además requiere que el Gobierno
español y la Unión Europea retiren de inmediato su apoyo incondicional al
Gobierno colombiano y a la “Ley
de Justicia y Paz”, que fue aprobada con el voto favorable de
parlamentarios que hoy se encuentran detenidos y otros que participaron en
la estrategia paramilitar del Estado. La
investigación sobre la relación de parlamentarios con los grupos
paramilitares hace que dicho marco jurídico del proceso de
“desmovilización” además de no cumplir con los mínimos
internacionales de los derechos de las víctimas, sea declarado ilegal e
ilegítimo.[3]
Las víctimas del terrorismo de Estado vuelven a sufrir el ocultamiento y
el despojo de sus derechos, y como queda evidenciado, no se les ofrece ni
las mínimas garantías a su integridad
personal en el proceso de visibilización, organización y exigencia de sus
derechos. Las amenazas que ha recibido Yesid Ramírez, magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, así como las
amenazas contra organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos
políticos de oposición, entre los que se encuentran varias organizaciones
que pertenecen al Movimiento
Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, son clara muestra de que los
grupos paramilitares y sus estructuras militares se encuentran intactas.
Otra víctima del accionar paramilitar es
la representante de 700 campesinos desplazados en Montería, Yolanda
Izquierdo. Ella fue asesinada el pasado 31 de enero por asistir como
testigo a las audiencias rendidas por el jefe
paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Fiscalía. También mataron al
presidente del Comité de Desplazados de Córdoba, Freddy Abel. La Oficina
de la Liga de Mujeres Desplazadas de
Turbaco en el departamento de Bolívar fue violentamente incendiado. A ello
se suman el asesinato de la dirigente sindical del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sector Agrario
(Sintrainagro), Carmen Cecilia Santana, el pasado 7 de febrero por varios
disparos en Apartadó al norte del país. Y también, la reciente
desaparición de la representante de la
Organización Femenina Popular de la ciudad petrolera de Barrancabermeja,
Katherine González Torres.
Para denunciar lo que está sucediendo en su país y para reclamar verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de lesa
humanidad Yahaira Salazar y Enrique
Chimonja, de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) y
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, respectivamente, están en una
gira por Europa [4]. Mañana
serán recibidos por el Congreso de los Diputados. Ambos representan al
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que es una coalición
contra la impunidad nacido en
2005 como un llamado a la unidad de las personas y grupos perseguidos por
el Estado colombiano y fruto de un extenso acumulado histórico de luchas
de las víctimas de violaciones de
Derechos Humanos, y con antecedentes en el trabajo realizado del Proyecto
“Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad” para salvaguardar la memoria de los
crímenes de lesa
humanidad perpetrados entre 1966 y 1998.[5]
Su gira se realiza en paralelo a otra protesta en Colombia. Allí, más de
200 personas se encuentran en la región del Bajo Atrato (norte de
Colombia) rastreando desde el 15 hasta el 24 de
febrero los caminos transitados por el paramilitarismo y la Fuerza Armada
hace 10 años cuando la Fuerza Aérea colombiana junto a soldados de la XVII
Brigada y unidades paramilitares
desarrollaron la “Operación Génesis” que generó el mayor desplazamiento
forzado de que se tenga noticia en la historia reciente de Colombia. Miles
de campesinos, indígenas y
afrodescendientes del Bajo Atrato chocoano fueron obligados a abandonar
sus tierras, verificándose durante y después del desplazamiento, un gran
número de homicidios y
desapariciones de habitantes de estos territorios.
Organizaciones ecuménicas, ecologistas, sociales y defensores de derechos
humanos han viajado hasta esta zona con el fin de “no olvidar” los más de
300 crímenes de lesa humanidad
cometidos allí. Este ejercicio de memoria cuenta con la presencia de
delegaciones de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile,
El Salvador, Alemania, Francia, Italia,
Gran Bretaña, España, Guatemala y de diferentes departamentos de Colombia.
Se hablará con testigos sobre los asesinatos selectivos, masacres,
torturas y desplazamientos forzados
cometidos por la XVII Brigada del Ejército y a través de la estrategia
paramilitar y se visitará fosas comunes. En medio del persistente
conflicto armado los acompañantes internacionales
serán testigos de primera mano de las iniciativas que las comunidades
desplazados -y retornados a sus tierras- desarrollan “en defensa de la
vida y la protección de la biodiversidad” del
Chocó Biogeográfico, una de las zonas más biodiversas del mundo.
Durante 9 días compartirán con las comunidades afrodescendientes,
indígenas y campesinos que están siendo amenazadas por paramilitares y que
han sido despojadas de sus tierras
legítimas. Ante el objetivo del Gobierno colombiano (en complicidad con
los grupos paramilitares y diversas empresas privadas) de convertir el
Chocó –así como otras zonas de
Colombia- en zonas productoras de aceite de palma y ante las denuncias de
las comunidades afectadas por el monocultivo, la Defensoría del Pueblo
comprobó irregularidades con base
en diversas actividades de verificación, acompañamiento e
investigación.[6]
Entre las plantaciones de palma se encuentran fosas de desparecidos y los
escombros de poblados arrasados por la maquinaria de las empresas
palmeras. Las delegaciones
inspeccionarán también una futura explotación de minas a cielo abierto que
allí se pretende instalar. Explotación que se realizará en un entorno de
creciente militarización sin el
consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sobre el río
Cacarica se constatarán las pruebas de los bombardeos ocurridos entre el
24 y el 26 de febrero de 1997 y que
la Fiscalía General de la Nación en 10 años se ha negado a investigar. Por
esta razón las víctimas han acudido a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos donde reposa un
expediente por el crimen contra Marino López, decapitado por sus
victimarios, y el desplazamiento forzado de más de 2000 personas.
En el Cacarica los acompañantes internacionales observarán la coincidencia
entre los megaproyectos agro-industriales de la empresa Multifruits (socio
de la multinacional Del Monte) y
la deforestación ilegal que realizó la empresa Pizano S.A. años atrás, en
uno de los santuarios del paramilitarismo en la región. Por último se
recorrerá los trayectos en los que se
pretende construir la carretera panamericana. Obra que parece estar
aprobada para su construcción en los próximos años, que causará una gran
destrucción ambiental y viola igualmente
el Convenio 169 de la OIT.
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