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En un año y nueve meses, desde
enero de 2005 al pasado septiembre, los agentes del Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, detuvieron e imputaron a
172 personas
por su posible vinculación con delitos urbanísticos. Estos cerca de
doscientos acusados ponen a Jaén casi a la cabeza de una nada loable
clasificación. Si se cruza el dato con los del resto de
provincias andaluzas, sólo Cádiz la supera (214) y se quedan detrás
Sevilla (170) y el resto de zonas costeras que, al menos, para la
percepción del ciudadano y de los grupos ecologistas, suelen
concentrar las mayores infracciones contra las leyes que ordenan el
territorio. Sin embargo, durante el pasado año, fueron 115 los acusados
por este tipo de infracciones en municipios jiennenses,
aunque no todos detenidos finalmente. En los nueve meses de 2006, ya están
en situación similar otros 58, lo que, de nuevo, coloca a la provincia
como la segunda de la lista.
No es raro, si se tiene en cuenta que, de los 97 municipios que forman el
mapa de Jaén, casi un tercio, 23, fue el escenario de las investigaciones
del Seprona que interviene, tanto de oficio, como a
partir de denuncias formuladas por ayuntamientos, particulares o grupos
políticos. Y no se trata de hechos aislados, ya que el propio Instituto
Armado considera que existe “un sinfín” de anomalías
en la provincia asociadas a construcciones ilegales, crecimiento de
términos municipales de forma irregular, degeneración de espacios
protegidos y agotamiento de recursos naturales comunes,
vertidos incontrolados o aprovechamiento ilegal de bienes comunes, por los
que los ciudadanos pagan rigurosamente los impuestos, como el suministro
de electricidad o de agua.
Las viviendas y urbanizaciones que se edifican sin acogerse a los
requisitos legales, de las que se detectaron 147 casos en la provincia,
cumplen con un patrón común. No se acogen a los planes
urbanísticos municipales, ni están visadas por el Colegio de Arquitectos
de Jaén, y los servicios básicos de sus moradores se garantizan después de
realizar tomas ilegales de luz, a veces
enganchando cables directamente al tendido, lo que supone un riesgo para
las personas y una causa bastante habitual de incendio. En la provincia de
Jaén, también se detectaron 25 parcelaciones
ilegales de fincas, algo que se hace a costa de ocupar zonas de dominio
público, como terrenos de uso ganadero y forestal, zonas de servidumbre o
vías pecuarias. |
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