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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Las
organizaciones ecologistas han hecho un repaso a la situación de las aguas
dos años después de la puesta en marcha de la Agencia Andaluza del Agua y
han pedido a la Junta de Andalucía que cambie su política hídrica y
favorezca la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de las
inversiones, una mejor gestión de los recursos y una mayor transparencia.
Los ecologistas han denunciado que la política andaluza del agua es
obsoleta, va en contra de la conservación de los ecosistemas acuáticos y
no sigue los preceptos de la nueva Directiva Marco del Agua. De hecho, la
agencia todavía no ha entregado ningún texto con los objetivos ambientales
de la política andaluza del agua, tal y como se comprometió en marzo de
2006. Además, el Plan Andaluz de Humedales está pendiente de aprobación
desde 2002.
Los principales problemas
Las cuatro organizaciones han hecho un repaso a los principales problemas
del agua en la Comunidad. Los ríos andaluces sufren graves problemas de
vertidos de aguas residuales sin depurar. El 30% de los municipios de
entre 15.000 y 100.000 habitantes carecen de depuradora, en el resto un
gran número de instalaciones funcionan mal. El 50 % de las aguas
residuales urbanas e industriales de la cuenca del Guadalquivir no se
depura. En la cuenca Mediterránea es el 32%.
El escaso control sobre los recursos subterráneos está poniendo en peligro
el abastecimiento urbano y áreas protegidas como el Parque Nacional de
Doñana. No debemos olvidar que los acuíferos son las mejores reservas
estratégicas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los
embalses. Sólo en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza el
25% y el 22% de los acuíferos respectivamente están contaminados con
niveles de nitratos superiores a los 50mg/l (límite máximo marcado por la
Directiva 91/676). Además, la mayoría de los acuíferos costeros están
sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen sobre ellos los
regadíos, las urbanizaciones y los campos de golf.
Incumplimiento de las directivas europeas
La Agencia Andaluza del Agua estudia actualmente eximir a los regantes de
la obligación de pagar el precio real del agua que consumen. La propuesta
supondría subvencionar el agua a los empresarios agrarios y a cambio
gravar más a los usuarios domésticos. De esta forma, los regantes
quedarían eximidos de pagar, entre otros, los costes de construcción y
funcionamiento de las infraestructuras, los costes ambientales y de
oportunidad. Esta medida incumple los planteamientos de la Directiva Marco
del Agua.
Además, el Consejo Andaluz del Agua sigue siendo hoy el único órgano de
participación con un funcionamiento irregular e inoperante, donde apenas
existe debate. De hecho, el borrador del nuevo Decreto que regulará la
participación pública en las cuencas andaluzas vuelve a relegar a las
organizaciones ecologistas en favor de los regantes. En el Comité de
Gestión de los Recursos de la Cuenca ni siquiera se prevé la incorporación
de representantes de las organizaciones ambientales aunque sí entran por
primera vez los del sector turístico.
Las organizaciones ambientales reconocen que desde su creación, el 1 de
enero de 2005, la Agencia ha tenido un efecto positivo en la
concienciación sobre el valor del agua y de los ríos y ha promovido un
mayor control sobre los usos urbanos del agua, en especial el riego de
jardines y el llenado de piscinas en la Costa del Sol. Igualmente, la
Consejería de Innovación ha contribuido a controlar la propagación de
nuevos pozos ilegales a través de una Orden aprobada en junio de 2006.
LOS PUNTOS NEGROS DE LAS CUENCAS ANDALUZAS
WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción destacan 6
“puntos negros” de la gestión del agua en Andalucía, que ponen de
manifiesto que la Junta de Andalucía aun no ha superado el viejo modelo de
la promoción de las obras hidráulicas, la degradación de los ecosistemas
acuáticos y una participación desigual de los interesados:
1. Vertido tóxico de metales pesados al río Guadalquivir. La Consejería de
Medio Ambiente autorizó en octubre de 2003 a la Mina Las Cruces un vertido
tóxico de hasta 1.000 kilos anuales de metales pesados al río Guadalquivir
a la altura de La Algaba. Este vertido tóxico, que todavía no está en
funcionamiento, no cuenta con el necesario Estudio de Impacto Ambiental, y
no se han valorado las repercusiones que pueden tener estos metales
pesados como el mercurio, el cadmio o el arsénico sobre el ecosistema del
estuario del Guadalquivir (clasificado como LIC), sobre los arrozales, las
pesquerías y la salud de los ribereños.
2. Contaminación del río Tinto. La corta de Cerro Colorado almacena más de
1.000.000 de m3 de residuos líquidos denominados “ácidos débiles”
procedentes de Atlántic Copper, S.A. Estos residuos se están vertiendo
continuamente al río Tinto, que se ha convertido en un vertedero
industrial del Polo Químico de Huelva. De hecho, el pasado mes de mayo se
hizo un vertido intencionado desde una de las balsas mineras al Tinto de
más de 40.000 m3 de estos residuos.
3. Abandono de la recuperación del río Guadaira. Desde que en 1994 el
Parlamento andaluz aprobara la recuperación del Guadaira, los niveles de
contaminación han seguido aumentando. Los vertidos industriales, urbanos y
agrícolas mantienen al río en un estado de contaminación extrema y no se
ha iniciado ninguna actuación de recuperación de riberas en los tramos
alto y medio del río. Las partidas presupuestarias destinadas por la Junta
para el próximo año 2007 para el Guadaíra no se corresponden con la
gravedad del problema.
4. Presa de Alcolea. La Junta de Andalucía ha firmado recientemente un
acuerdo para construir esta presa en la confluencia de los ríos Odiel y
Oraque. Afectará a varios espacios naturales protegidos, entre ellos las
Marismas del Odiel. Embalsará aguas con una gran carga de metales pesados
y promoverá un desarrollo de regadío insostenible en Huelva, beneficiando
a regantes ilegales. No se ha explicado aún cómo se recuperará el coste de
la inversión.
5. Río Grande y Trevélez. En estos cursos fluviales se pretende construir
un azud y una balsa respectivamente para garantizar el abastecimiento en
las zonas del litoral de Málaga y Granada. Estas obras entran en clara
contradicción con los objetivos de conservación de la Directiva Marco del
Agua, que aspira a lograr en 2015 el buen estado de las aguas en la Unión
Europea.
6. Encauzamientos de cauces. La llamada “política de restauración de ríos”
de la Junta sigue apostando por obras de ingeniería civil que obstaculizan
la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Tal es el caso de los
encauzamientos de los arroyos Prado Jurado, Calambuco y Merino, en Málaga
o la Rambla del Águila, en Almería.
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